Alertan de abusos y daños por la reforma al amparo
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Alertan de abusos y daños por la reforma al amparo
La iniciativa para cambiar la Ley de Amparo dejará sin protección los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos frente a los abusos de la autoridad, afirman José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte, y académicos del ITESO en el arranque del Seminario Internacional Cátedra Sartori.
Andrés Gallegos
La reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pone en peligro a los ciudadanos y grupos sociales ante los abusos del poder, advirtió José Ramón Cossío Díaz, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante su ponencia en el Seminario Internacional Cátedra Sartori, organizada por el ITESO y la Fundación Konrad Adenauer, el abogado alertó que la aprobación de la iniciativa hará que “la posición de la sociedad y las personas (ante el poder) quede enormemente restringida”.
Además sería un acto más para debilitar la democracia constitucional en México, ya afectada por la aprobación de la reforma judicial que nombra a los jueces mediante el voto popular o la disolución de los organismos autónomos, y a las puertas de una transformación del sistema electoral.
"Lo que estamos viendo es una concentración brutal del poder con el debilitamiento de los ciudadanos en favor de quienes son hoy el grupo gobernante”, expresó Cossío, quien también se desempeña como investigador del Colegio de México.
El juicio de amparo, un mecanismo legal para proteger los derechos humanos y las garantías individuales de las personas frente a los actos de la autoridad que violen la Constitución y los tratados internacionales, sufrirá algunos cambios de aprobarse la iniciativa enviada al Senado el pasado 15 de septiembre.
El ministro en retiro de la SCJN apuntó como preocupación principal la redefinición del interés legítimo. De aprobarse la reforma, solo las personas que acrediten daños reales, actuales y directos podrán interponer el amparo. Actualmente, gracias a los cambios constitucionales de 2011, se permite que grupos y colectivos sociales interpongan esta figura, argumentando daños a derechos colectivos.

Un ejemplo de lo anterior son los amparos interpuestos por asociaciones civiles contra la construcción del Tren Maya, aduciendo afectaciones al derecho humano de vivir en un medio ambiente sano. Con la nueva reforma, este tipo de defensas no se aprobarían, ya que estos grupos no son afectados directamente por la obra.
Otro problema de la iniciativa presidencial es que los jueces pueden negar las suspensiones provisionales si consideran que afectan el interés social o el orden público. Esto significa que los quejosos tendrán mucho más difícil evitar daños o perjuicios que puedan ser irreparables, por ejemplo, que un proyecto gubernamental se siga ejecutando, aunque vulnere los derechos de grupos sociales directamente afectados.
“El amparo es el mecanismo que tenemos y nos protege y tutela ante violaciones y abusos del poder, y ahora lo quieren reducir a un instrumento que paradójicamente va a proteger a las autoridades y no a las personas”, afirmó Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO, quien acompañó a Cossío en la conferencia inaugural, llevada a cabo el 25 de septiembre.
La reforma al amparo también prevé impedir el amparo en casos de bloqueo o congelamiento de cuentas que ordene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), si esta dependencia sospecha operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tampoco habría sanciones directas a funcionarios si estos violan un amparo, y se impediría la suspensión de la prisión preventiva oficiosa, en caso de avalarse la propuesta a inicios de octubre.
Aunque Cossío ve con buenos ojos algunos elementos de la iniciativa de Sheinbaum, como el plazo de 60 días para emitir una sentencia o que el amparo se tramite vía electrónica o digital, los perjuicios serán mayores y los ciudadanos estarán más desprotegidos ante el poder.
El exministro de la SCJN consideró que al actual Poder Judicial le hace falta más capacidad técnica para hacer su trabajo y esta carencia puede derivar en problemas de gobernabilidad o que se recurra a otros mecanismos (incluso ilegales) para obtener justicia.
“No estoy diciendo que todo era virtuoso antes ni mucho menos, pero todas esas trayectorias largas de personas que hacían un trabajo competente y capaz se fueron yendo por las sustituciones políticas”, señaló.
Cossío agregó que los nuevos jueces y magistrados adolecen de legitimidad, debido al mal diseño de la reforma judicial y los escasos votos emitidos en la elección del 1 de junio.
Llaman a defender la democracia
Durante el arranque de la quinta edición del Seminario Internacional Cátedra Sartori sobre "Reformas constitucionales y cambio de régimen en México", académicos del ITESO y la Fundación Konrad Adenauer enfatizaron la defensa de la democracia constitucional ante los efectos adversos de las reformas aprobadas en 2024.
"Desde el ITESO afirmamos que defender la democracia no es un acto de fe, es un trabajo cotidiano para fortalecer el estado de derecho, proteger derechos y libertades, y construir instituciones que resistan los ciclos políticos”, apuntó Del Rosario Rodríguez.

Azul Aguiar Aguilar, académica del Dsoj del ITESO, afirmó que los cambios constitucionales recientes han “afectado profundamente los equilibrios del poder político”, e invitó a los asistentes y participantes de la cátedra a confrontar ideas para generar guías que enfrenten “el regreso de un gobierno autoritario”.
Hans Blomeier, director de la Fundación Konrad Adenauer en México, llamó a los estudiantes del ITESO a hacer valer su voz e incidir en la vida pública, a pesar de un contexto mundial marcado por la polarización, la exclusión y la regresión de la democracia.
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